Sony enfrenta una queja antimonopolio en México por eliminar los discos físicos de PlayStation

La cascada de eventos que siguió a la decisión de Sony de poner fin a la fabricación de discos de PlayStation para enero de 2028 continúa. La empresa enfrentará pronto una queja formal por parte de representantes en México, quienes consideran que esta decisión constituye un comportamiento anticompetitivo y en contra del consumidor.

Según informó Levelup, la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio se preparan para presentar una queja ante la Comisión Nacional Antimonopolio de México, solicitando una investigación sobre las repercusiones de la decisión de Sony. Reyes y Donaldo Colosio son miembros del partido político Movimiento Ciudadano, pero tienen la intención de presentar la queja como ciudadanos privados.

“Si los discos desaparecen, cualquiera que tenga un PlayStation ya no podrá elegir dónde comprar sus juegos y se verá obligado a adquirirlos exclusivamente a través de la tienda de Sony”, declaró Iraís Reyes. Según Levelup, Reyes tiene una reputación de abordar problemas de consumo en torno a los videojuegos, habiéndose opuesto anteriormente a la presidenta Claudia Sheinbaum en otras iniciativas relacionadas.

La queja se suma a una creciente presión regulatoria y pública contra la eliminación del soporte físico en la industria del entretenimiento. Mientras que Sony argumenta que la transición a lo digital responde a tendencias del mercado y eficiencias logísticas, críticos como Reyes y Colosio sostienen que la medida reduce la competencia, limita el acceso a juegos en regiones con baja conectividad y elimina la posibilidad de revender o prestar títulos físicos.

En México, donde el mercado de consolas ha crecido significativamente en los últimos años, la decisión de Sony podría afectar a millones de consumidores. La Comisión Nacional Antimonopolio deberá evaluar si la medida viola las leyes de competencia, especialmente al crear una dependencia casi total de la tienda digital de Sony, lo que podría permitir a la empresa fijar precios sin presión del mercado secundario.

Este no es el primer desafío legal que enfrenta Sony por sus políticas de distribución. En Europa, organizaciones de consumidores han cuestionado prácticas similares, y en Estados Unidos se han presentado demandas colectivas relacionadas con precios en tiendas digitales. Sin embargo, la acción en México es inusual porque proviene de funcionarios electos que actúan como ciudadanos, lo que podría darle un peso político adicional.

Por ahora, Sony no ha emitido una respuesta oficial sobre la queja. La compañía continúa con su plan de eliminar gradualmente los discos físicos, aunque analistas sugieren que podría reconsiderar su estrategia si la presión regulatoria aumenta en múltiples países. El caso mexicano podría sentar un precedente importante para otras naciones latinoamericanas que observan con atención el desenlace de esta disputa.