Informe sugiere que el gobierno de EE.UU. pudo haber 'instado' a Apple a cerrar un acuerdo de fabricación de chips con Intel para evitar aranceles, casi al mismo tiempo que adquiría una participación de 9 mil millones de dólares en la empresa azul

Un informe del Wall Street Journal ha revelado nuevos detalles sobre las presiones que el gobierno de Estados Unidos habría ejercido sobre Apple para que la compañía de Cupertino recurriera a las instalaciones de fabricación de Intel para la producción de sus chips, todo ello en el marco de una compleja negociación que involucraba aranceles millonarios y una inyección de capital público sin precedentes.

Según el reportaje, la historia comienza el verano pasado, cuando Tim Cook, director ejecutivo de Apple, realizó una visita a la Casa Blanca con el objetivo de convencer a la administración de que abandonara sus planes de imponer aranceles sobre el 100% de las importaciones de semiconductores. La medida, que formaba parte de una estrategia más amplia para fomentar la producción nacional, representaba una amenaza directa para la cadena de suministro de Apple, que depende en gran medida de la fabricación en el extranjero, principalmente en Taiwán y Corea del Sur.

Las negociaciones finalmente dieron frutos para Apple, que obtuvo una exención arancelaria a cambio de un compromiso de inversión de 100 mil millones de dólares en esfuerzos de fabricación en Estados Unidos. Sin embargo, el Wall Street Journal sostiene que el entonces presidente Donald Trump y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fueron más allá y "instaron" a Cook a utilizar las plantas de fabricación de Intel para producir algunos de sus chips. Esta petición, según fuentes cercanas a las conversaciones, no fue una simple sugerencia, sino un componente crucial del acuerdo para evitar los aranceles.

Lo que hace que este episodio sea particularmente llamativo es la coincidencia temporal con otra jugada gubernamental. Casi al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos convirtió 9 mil millones de dólares en subvenciones federales en una participación del 10% en Intel, convirtiéndose en el mayor accionista de la emblemática empresa de semiconductores. Esta inyección de capital, que se materializó en el mismo mes en que se produjeron las conversaciones con Apple, generó preguntas sobre un posible conflicto de intereses o, al menos, una coordinación estratégica entre las políticas comerciales y las inversiones públicas.

El Wall Street Journal detalla que en junio de este año, Trump anunció en una publicación en Truth Social que Apple había acordado fabricar chips con Intel en Estados Unidos. Sin embargo, ni Apple ni Intel han emitido una confirmación formal del acuerdo más allá de lo que se describe como un "acuerdo preliminar" reportado. La falta de una confirmación oficial ha alimentado las especulaciones sobre el verdadero alcance del pacto y si este responde a una decisión puramente empresarial o a una presión política directa.

Según el informe, los planes de Apple incluyen la utilización de las próximas instalaciones de Intel en Ohio y Arizona, aunque los detalles sobre los tipos de chips que se fabricarían y el volumen de producción siguen siendo vagos. Analistas de la industria señalan que, si bien Intel ha avanzado en su proceso de fabricación, todavía está por detrás de TSMC en tecnología de vanguardia, lo que hace que este acuerdo sea técnicamente complejo para Apple, que busca mantener su liderazgo en rendimiento y eficiencia energética.

Este caso pone de manifiesto cómo el gobierno estadounidense está utilizando una combinación de palancas comerciales (aranceles) y financieras (participaciones accionariales) para remodelar la cadena de suministro global de semiconductores, un sector considerado crítico para la seguridad nacional. Mientras Apple celebra su exención arancelaria y su inversión de 100 mil millones, la sombra de la influencia gubernamental sobre las decisiones corporativas se cierne sobre uno de los acuerdos más importantes de la industria tecnológica reciente.